Las plataformas antiminas dudan de los beneficios sociales de las minas en Alconchel

Así, en referencia a las manifestaciones de Óscar Díaz, las plataformas aseguran en un comunicado que «nos llaman poderosamente la atención los cambios de criterio que expresa sobre la actuación del aparejador municipal en la tramitación de los permisos para los sondeos».

A juicio de las entidades antiminas, «primero dice que ha declarado no tener capacidad para poder decidir sobre estas cuestiones que tienen que ver con los sondeos», algo que no casa con el hecho de que sea el aparejador «quien va a emitir informe sobre las nuevas solicitudes de sondeos que están pendientes de licencia».

En este sentido, se han preguntado si el aparejador «¿tiene capacidad o no tiene capacidad para las cuestiones que tienen que ver con los sondeos?», a la par que preguntan públicamente si el técnico municipal va a informar sobre las próximas licencias o no. «¿A qué juega?», se han preguntado retóricamente.

Otra cuestión referida por el alcalde a la que han hecho mención ha sido al hecho de que el aparejador municipal esté pendiente de resolver «el asunto de los impuestos mal declarados por la empresa de los sondeos hechos hasta ahora y que estima en 48.000 euros», haciendo alusión a que se haya necesitado presentar un proyecto «con todo lo realizado por la empresa, que es muy grande», algo por lo que las plataformas se han preguntado si «el aparejador sabe de sondeos o no sabe».

De esta forma, los grupos anti-mina han recordado que «los datos necesarios para calcular lo defraudado fueron publicados por la empresa el día 21-12-2021, en su anuncio de la compra», en el que, según explican, «comunicó que se habían perforado nada menos que 21.706 metros en 81 pozos en Alconchel», algo que también fue hecho público por la propia plataforma anti-mina ese mismo día.

Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas consideran una declaración «al menos irresponsable», que el alcalde refiera que el ayuntamiento está revisando las licencias por iniciativa propia, y que podía no haberlo hecho porque eran antiguas. «Le recordamos que usted no ha movido un dedo para la revisión de las licencias hasta que esta Plataforma puso en evidencia en su publicación del día 5 de junio de 2022 que la empresa había defraudado el ICIO», han referido desde las plataformas, para las que «esta denuncia pública y las preguntas de la oposición sobre este tema es lo que le ha movido a realizarlo», algo que consideran «es su obligación» y por lo que «no está haciendo nada extraordinario».

También le han recordado a Díaz que «dijo en pleno que no empezó a solicitar información que contrastara este hecho hasta el 24 del mismo mes», por lo que consideran que «aún no han terminado de hacer el cálculo» y ponen en duda que se vayan a cobrar los 48.000 euros de los que habló el alcalde en la entrevista.

Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas también han acusado al alcalde alconchelero de «decir una media verdad, porque olvida lo que le interesa», cuando en la entrevista Óscar Díaz manifestó que «la mina no la he elegido yo para que venga a Alconchel: el mineral está donde está». A juicio de las plataformas, «el mineral también está donde está en Cáceres y sus técnicos han defendido su territorio aplicando su normativa urbanística», algo que, según expresan, el alcalde no ha hecho en Alconchel.

«Como máximo responsable del ayuntamiento debe tener unas nociones mínimas sobre el urbanismo de su pueblo», arguyen desde las plataformas, que manifiestan al alcalde que «usted sabe (y si no lo sabe es una irresponsabilidad) que la investigación y las minas están planteadas en una Zona Especialmente Protegida, con protección mayor que en Cáceres, y los técnicos ni siquiera lo mencionan en sus informes, que son vinculantes para parar la mina, como lo ha sido en Cáceres».

Así, concluyen que el alcalde «sí ha traído la mina por acción, porque la ha apoyado y la sigue apoyando, además de venderlo en dos campañas electorales como una de sus promesas de progreso beneficiosa para su pueblo y por omisión, porque no hace cumplir las normas municipales, para la protección de su pueblo».

Es por ello por lo que justifican que en otros pueblos se hable de la mina, porque al contrario de lo que el alcalde opina, «sus gentes y dirigentes saben que cualquier mina de este tipo supone un destrozo medioambiental irreparable, solo dan beneficio a corto plazo a unos pocos y que no compensa el sacrificio del territorio».

También critican que al alcalde le sorprenda que se hable en Olivenza del proyecto minero, porque «no está afectado para nada, y que sólo se han pedido licencias en Alconchel». Las plataformas antiminas aseguran que el proyecto «afecta a toda la comarca desde el momento que se están haciendo en el acuífero que la recorre (Olivenza-Zafra)», algo por lo que concluyen que «también ha afectado ya al resto de los municipios, donde ya se han recogido muestras, y en Táliga ya se han realizado cinco sondeos ilegales», algo que constatan «porque no se solicitó licencia y están en zona protegida por su plan urbanístico», y porque «lo dice la propia empresa en el comunicado sobre la compra de los permisos».

Desde Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas aseguran que «la gente de la calle sabe que, aunque la mina se instalase en su pueblo, afectaría también a la comarca, tanto en el uso inmenso de agua, como en la contaminación del aire y el medio ambiente, como por los vertidos, que en este caso irían a la rivera de Táliga, que comparte con Olivenza en unos cuantos kilómetros, y que desemboca en Alqueva, por ejemplo».

En este sentido, afirman que «nadie que pretenda un desarrollo basado en el medio natural entiende bueno para ese fin tener una mina de este tipo en su territorio», razón por la que dudan de que la empresa portuguesa que tiene los derechos de Alqueva «vaya a darle una autorización de aguas a una empresa minera con un consumo de 7 millones de litros al día, y que además se las devuelva contaminadas».

También dudan de que el alcalde pueda condicionar a la empresa para que abra la mina diciéndole «Cuando usted me garantice el agua, yo tiro hacia adelante», ya que a juicio de las plataformas ese condicionante «no entra dentro de sus competencias como alcalde, ya que el agua es un bien común, que gestiona directamente el Estado, a través de Confederación Hidrográfica». Así, han tachado de «delirante» y de «ciencia ficción» la idea del alcalde de aprovechar estos proyectos para traer el agua a otros territorios del término de Alconchel desde Alqueva.

«No sabemos si tiene falta de información o si directamente quiere engañar al pueblo, cuando afirma que estamos en un Estado en que todo está controlado cuando hablamos de la contaminación», afirman desde las entidades contrarias a las minas, ya que a su juicio «en este país, por desgracia, solo paga quien contamina cuando se le pilla, y la mayor parte de las veces es por denuncias de particulares o asociaciones, no por la acción vigilante de la administración». Es por ello por lo que coinciden con el alcalde en que no había ingenieros de minas en la Junta y «sigue sin haber los suficientes para ese control», afirmando que las empresas mineras «son las primeras en dejar de cumplir sus obligaciones», poniendo como ejemplo el caso de la mina de Aznalcóllar.

Desde las plataformas también acusan al alcalde de «engañar» cuando afirma que la autorización de la mina depende de «los beneplácitos» de la Junta, del Estado y de Portugal y que el ayuntamiento no se puede negar. «El primer «beneplácito» que debe tener es el suyo», apelan al primer edil de Alconchel, ya que en su opinión sin él «no se empieza ni a tramitar el proyecto».

Las plataformas defienden que el proyecto «tiene que ser compatible con la normativa urbanística municipal», algo que a su juicio no lo es actualmente, motivo por el que cree que el alcalde «debe velar porque se cumpla (no diga después que no lo sabía y que son cosas de técnicos), porque usted sería el que firmaría la licencia urbanística». Asimismo, pide al alcalde que «no mienta», dado que «la responsabilidad suya», razón por la que le insta a preguntar «a los técnicos y jurídicos del ayuntamiento de Cáceres».

Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas dudan de que el alcalde de Alconchel no se haya interesado por el proyecto, como dice, pues, a su juicio, «bien que se lo estudió para publicar el panfleto con todas las bondades que dice la empresa que va a traer para su pueblo», en referencia al boletín municipal que publicó el Ayuntamiento de Alconchel. «Más nos vale a todos que se interese, para cumplir con su labor y no dejar las responsabilidades a otros», exponen desde las entidades antimina.

Sobre la tramitación de un proyecto nuevo, Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas se preguntan «por qué no han retirado el proyecto de 2015-2018 del trámite administrativo y por qué siguen haciendo los estudios (de fauna como los murciélagos, hidrogeológico…) que les pedía el trámite ambiental».

En este sentido, las plataformas se preguntan si ello se debe a que siga vigente la presentación del antiguo proyecto y si pueden seguir haciendo todos los sondeos y estudios que quieran sin tener que renovar los permisos y, por tanto, «sin tantos controles».

Sobre el hecho de que el alcalde diga que no entiende que se diga que la gente le tiene miedo y que en Alconchel no se castiga a nadie y hay libertad de expresión, las plataformas aseguran que «no parece haber mucha cuando se anulan o bloquean los comentarios en las redes sociales del ayuntamiento e incluso se ha amenazado desde ellas a un miembro de la Plataforma con llevarlo a los tribunales», hecho que refieren «por hacerse eco una noticia publicada en medios de comunicación, por no hablar de otras prácticas abusivas que tienen que ver con el trabajo y el sustento económico de algunas familias».

Las plataformas antiminas rechazan que el alcalde diga que nadie haya explicado las bondades del proyecto minero en Alconchel, dado que a su juicio «le traiciona el subconsciente cuando dice que lo intentaron en una ocasión y no les dejaron», motivo por el que recuerdan como si el alcalde «formase parte de la empresa minera», dado que el primer edil no estuvo en la reunión que la empresa minera convocó el 16 de enero de 2020.

Sobre aquella reunión, desde la plataforma negó «que no se le dejara explicar a la minera», sino que fue la propia empresa minera «la que no quiso contestar a las preguntas de la plataforma». Es por este motivo por el que criticó el boletín municipal que el Ayuntamiento de Alconchel emitió en 2020, dado que a su juicio «publicaba únicamente los datos de la empresa, dándolos por ciertos y sin contrastarlos con otros profesionales neutrales».

En cuanto a las declaraciones de los políticos de los municipios de la comarca, sus actos y sus actitudes, desde las plataformas antiminas opinan que «parece que la tónica de sus declaraciones sigue la misma pauta: la media verdad, la sombra de la duda o directamente, la mentira», motivo por el que aseguran que no entrarán en ese ámbito y dejarán que «cada aludido se defienda, si lo cree conveniente».

En cuanto a los beneficios sociales a los que alude el alcalde, las plataformas piensan que este «los defiende porque lo dice la empresa», algo que consideran como «previsiones que nada tienen que ver con la realidad», tomando como referencia los lugares donde se han implantado este tipo de proyectos mineros. Como ejemplo ponen el caso de Aguablanca (en Monesterio), que según explican «se cerró antes de lo esperado y tuvimos que pagar entre todos sus consecuencias (ERES, subvenciones, cursos del SEXPE…)».

También hablan de La Parrilla, a su juicio, «la última mina abandonada a su suerte». Según explican, han tenido una subvención de 5,3 millones de euros entre 2019 y 2022, fecha en que se cerró tras ser multada «por construir una balsa tóxica que allí se quedó». Esta circunstancia hace que las plataformas antiminas se pregunten sobre quién restaura el terreno, y mencionan los casos de Almoharín y Santa Amalia, donde no se han obtenido los beneficios prometidos.

Las plataformas antiminas también dudan que el alcalde de Alconchel sepa que la mina de La Parrilla «está a más de 8 kilómetros de esos pueblos y en una zona que no tiene protección ambiental, no como la que quiere traer, a menos de dos kilómetros de su pueblo y en Red Natura 2000», algo que no consideran comparable en absoluto.

Por último, Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas no comprenden que el alcalde defienda el beneficio social que va a traer una empresa como Atalaya Mining, «que como carta de presentación empieza robándonos a todos, haciendo trampas en una miseria como es el pago del ICIO».

Según apuntan, «un beneficio social, que en lo que concierne a puestos de trabajo, no sería tal, puesto como se demostró en la mina de Aguablanca, la mayor parte de sus empleados no eran de Monesterio sino especialistas de la zona minera de Huelva».

De esta forma, desde Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas aseguran que este es «un mal comienzo, para que se propicie un buen final», motivo por el que concluyen que «de ilusiones también se vive, sobre todo cuando el problema lo van a sufrir otros», aludiendo a que el alcalde de Alconchel «lo verá desde el salón de su casa fuera de la comarca».