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Participantes en la ruta hacia el cerro de las Herrerías de esta mañana, frente al Ayuntamiento de Alconchel. CEDIDA
Alconchel acoge este fin de semana el I Encuentro Ibérico de impactos de la minería

Alconchel acoge este fin de semana el I Encuentro Ibérico de impactos de la minería

Organizado por la oenegé Ecologistas en Acción y el Observatorio Ibérico de la Minería, el encuentro reunirá a medio centenar de representantes de movimientos contrarios a los proyectos mineros en España y Portugal

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Viernes, 13 de octubre 2023

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Alconchel se convierte este fin de semana en el centro neurálgico de los movimientos anti-minas de España, con la celebración del I Encuentro Ibérico sobre impactos sociales y ambientales de la minería, que tiene lugar hasta el próximo domingo, 15 de octubre, organizado por el Observatorio Ibérico de la Minería y la oenegé Ecologistas en Acción.

En este espacio de reflexión, que se está celebrando desde ayer en el Centro Social 'Enrique Tierno Galván', se han dado cita medio centenar de representantes de distintos movimientos, plataformas y colectivos implicados en la resistencia a proyectos mineros en España y Portugal.

Según explican desde la organización, han elegido Alconchel y su comarca para celebrar este primer encuentro por ser Extremadura un territorio «donde se está produciendo una avalancha de nuevos proyectos mineros, como las minas de litio de Cáceres y Cañaveral, la mina de níquel de Aguablanca o la de cobre y oro de Alconchel».

Las jornadas han comenzado este viernes, 13 de octubre, con la organización de una ruta a la zona cero del proyecto minero de Alconchel promovido por la empresa Atalaya Mining. Medio centenar de activistas antimineros se han desplazado al cerro de las Herrerías y del Algarve, lugar donde se han venido realizando en los últimos años actividades de investigación para la posible explotación en el futuro. Allí han desplegado una pancarta grande en contra de los proyectos mineros.

A las 16.30 horas se presentará al público el Observatorio Ibérico de la Minería, con la intervención de Gabriel Castañares, director general de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España, y el director del observatorio, Joám Evans.

Arriba, pancartas desplegadas en el cerro de Las Herrerías. Abajo, momentos de la ruta de los participantes de las distintas plataformas antimina.
Imagen principal - Arriba, pancartas desplegadas en el cerro de Las Herrerías. Abajo, momentos de la ruta de los participantes de las distintas plataformas antimina.
Imagen secundaria 1 - Arriba, pancartas desplegadas en el cerro de Las Herrerías. Abajo, momentos de la ruta de los participantes de las distintas plataformas antimina.

Debates y alternativas

Posteriormente se celebrará un debate titulado 'El cuadrado de Lavandeira', sobre experiencias mineras en las localidades de Tapia, Touro, Riotinto y Alconchel. La información será facilitada por la Plataforma Mina Touro-O Pino Non, la Plataforma Oro No, la Plataforma Alconchel y Comarca de Olivenza Sin Minas, e Isidoro Albarreal.

La jornada finalizará a las 19.30 horas con una representación teatral, 'Dramón en Alconchel', a cargo de 'A Pequena Comañia de Nenos Enormes'.

Por la noche, tras la cena organizada por la Asociación de Mujeres 'La Esperanza' de Alconchel, el programa lúdico se completará con un concierto en el Centro Social de El Flaco Rodríguez y Diego Sández.

La jornada del sábado continuará con distintos talleres y acciones de coordinación de las entidades participantes para la lucha contra los proyectos mineros reseñados.

Más de 100 casos

El Observatorio se creó hace un año para documentar posibles vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causadas por la industria extractiva en España y Portugal y hacer públicas las evidencias existentes sobre cada caso. Hasta el momento ha documentado la existencia de más de 100 minas georreferenciadas en España que vulneran los derechos sociales y/o ambientales.

El observatorio expone todo tipo de situaciones, desde ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas hasta explotaciones clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental. También se documentan infracciones de derechos laborales, como malas condiciones de trabajo u obstáculos a la actividad sindical. «Muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones, en las que provocan problemas de salud e impactos ambientales por emisiones de polvo o contaminación de las aguas», explican desde Ecologistas en Acción.

La mayoría de los casos incluidos son de Andalucía, con 24 explotaciones, y Galicia, con 21, pero Joám Evans, coordinador del observatorio, advierte que «esto es solo la punta del iceberg», ya que cuentan con una lista de 400 casos pendientes de documentar y en los últimos meses se han unido entidades de territorios en los que hasta ahora no se estaban investigando. «Es sorprendente encontrarse con tantas explotaciones ilegales, cuando tanto desde el sector como desde las administraciones se insiste tanto en el mito de la minería responsable y sostenible», remarca Evans.

El portal ha documentado más de 400 infracciones ambientales, que incluyen vertidos, contaminación por polvo o afectación a bienes culturales, y casi 300 infracciones relacionadas con la falta de autorizaciones o permisos ilegales, falta de restauración o avales financieros y corrupción administrativa. Desde el observatorio concluyen que detrás de estas malas prácticas está la falta de control por las administraciones que genera un ambiente de impunidad generalizado.

El Observatorio Ibérico de la Minería es una iniciativa de ciudadanía ambiental en la que participan una treintena de colectivos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. A principios de año fue distinguido con un premio de la Universidad de las Naciones Unidas por su metodología participativa. El portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector extractivo.

Con estos mecanismos, el proyecto pretende contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los medios de comunicación, los movimientos sociales y las comunidades locales afectadas.

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